ARTICULO DE OPINION
Es evidente que esta nueva coyuntura política tiene mucho que ver, por un lado, con el fracaso del “Estado de las Autonomías” incapaz de ofrecer solución a los problemas nacionales pendientes, muy en particular en Euskalherria y Cataluña, y por otro lado, con el fracaso del proceso de negociación entre ETA y el Gobierno. Asimismo, la cercanía temporal de la posible sucesión a la corona, que terminaría con el mito del Rey demócrata que nos salvo del 23-F, y la proliferación de una nueva corte, en torno a una familia real dividida, que recuerdan a otros tiempos de reinados borbónicos, ponen al desnudo de la ciudadanía las limitaciones y contradicciones de esta Monarquía impuesta por Franco. Ello hace que la Monarquía sea cuestionada por sectores nacionalistas periféricos y centralistas, que antes no lo hacían, lo que viene a demostrar tanto el agotamiento de la línea reformista de la primera Transición como las dificultades objetivas con las que se encuentra la llamada “Segunda Transición” impulsada por el Presidente Zapatero, que tiene en el debate de la Ley de Memoria Histórica un claro ejemplo. Al igual que la Restauración canovista culminó en un colapso que permitió el advenimiento de la II Republica, en estos momentos empiezan a vislumbrarse indicios de un proceso semejante.
Pero lo anterior no esta exento de riesgos y, por si sólo, no lleva a una III Republica. El sistema no dudará si es necesario en optar por opciones de recambio, incluso nominalmente republicanas, si le es necesario para mantener la trayectoria seguida por el capitalismo y el liberalismo en la formación social española, por lo cual es necesario que desde la izquierda transformadora se elabore una alternativa política global que, cuestionando los resultados obtenidos en materias como derechos laborales, empleo, sanidad, enseñanza, acceso a la propiedad de la vivienda, nivel real de renta, etc, sea capaz de impulsar una movilización pacífica de la ciudadanía, lo suficientemente amplia para que mediante procedimientos democráticos frustre cualquier intento en este sentido.
Para nosotros/as la REPÚBLICA debe ser:
Democracia: gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Independencia nacional: capacidad para el libre ejercicio del gobierno para decidir sobre la política a seguir tanto en el interior como en el exterior.
Legitimidad: la única legitimidad posible del poder, ya que emana directamente de la voluntad popular. La justicia se impartirá no sólo en nombre del pueblo, sino al servicio del pueblo.
Supremacía del poder civil surgido de la voluntad de la Soberanía Popular sobre cualquier otro poder, financiero, terrateniente, religioso, etc.
Libertad para los ciudadanos y para los pueblos: Sin libertad no hay acción política responsable ni control de la acción del gobierno.
Igualdad de derechos para todos los ciudadanos: Todos están llamados a ocupar todos los cargos públicos, incluso el más alto: la presidencia de la República.
Fraternidad: prioridad de todo gobierno y administración pública debe ser la de realizar una política de redistribución de la renta nacional, mediante una fiscalidad progresiva. Hay que garantizar la gratuidad y calidad de los servicios públicos como sanidad, educación y cultura; así como la atención a la vejez y a los discapacitados. La acción de la República en el terreno económico fomentará la riqueza nacional, pero no la acumulación de ésta en una minoría. La pobreza, la incultura, la marginación y la dependencia personal son obstáculos que impiden la existencia de ciudadanos libres, conscientes y responsables.
Responsabilidad para todos: gobernantes y ciudadanos: Todos deben responder de sus acciones y de su labor y gestión en la administración de las instituciones y hacienda pública. Para los delitos que vayan en contra de los derechos ciudadanos, de las libertades y de la hacienda y bienes públicos no podrá invocarse la inmunidad parlamentaria ni el secreto de estado. Todos los cargos públicos así como los altos funcionarios serán sometidos a juicio de residencia al final de su mandato, o cuando así lo exija la honorabilidad de las instituciones. Los concejales, diputados y procuradores representan a todo el pueblo en su respectivo ámbito de elección y representación. Por lo tanto, en cada caso votaran de acuerdo con lo que su conciencia les dicte. El mandato imperativo en los casos que se use será aquel que determinen los electores, debiendo articularse mecanismos de revocación de los elegidos. Estos deberán responder y rendir cuentas ante sus electores.
Control ciudadano sobre la acción del gobierno: tanto en el parlamento estatal, órganos territoriales (diputaciones y asambleas territoriales) y municipios. Aprobación y control del presupuesto y gasto público. Ilegalidad de cualquier impuesto que no haya sido aprobado en el órgano representativo correspondiente.
Municipios libres: con plena capacidad para decidir sobre su constitución municipal y gobierno de acuerdo con la Constitución de la Republica; así mismo, la capacidad para poseer y administrar bienes propios y comunales de todo tipo. Ningún bien municipal será enajenado sin la aprobación de sus vecinos. En el ámbito del territorio municipal el alcalde será la primera autoridad, pero superando el actual modelo , que le convierte en dueño absoluto del Ayuntamiento.
La República no puede confundirse con la simple negación de la Monarquía. El derecho a la Jefatura del Estado no puede estar sometido al capricho de un hecho biológico: la concepción en un útero determinado. Las naciones y los pueblos no son patrimonio de ninguna familia. El denominado “derecho de sucesión” no es sino la coartada y cubierta ideológica de la prolongación del bárbaro “derecho” de conquista.
La República es una afirmación: la del ciudadano y la de las instituciones creadas por este. No del ciudadano abstracto, sino de ciudadanos concretos miembros de una comunidad con personalidad cultural e intereses comunes. Ciudadanos conscientes y libres que crean instituciones y normas para poder vivir en colectividad, responsable, honrada y libremente.
En esa línea, lo más importante en estos momentos es dar un salto en la organización y en la unidad del movimiento republicano a nivel estatal, que sobre la base programática de los 8 puntos y en torno a la Coordinadora Estatal Republicana sea capaz de ir acumulando fuerzas políticas y sociales capaces de garantizar que ese proceso de cambio político sea impulsado por los sectores populares y no permita al sistema recomponer su dominio oligárquico en una situación política diferente.
